miércoles, 27 de enero de 2010

Agradecimiento de la Municipalidad de San Antonio de Areco!

Oficina División Gobierno
Municipalidad San Antonio de Areco
Lavalle 363 - B2760BME - San A. de Areco
Tel / Fax: 02326-456202 (int.105)
Tel: 02326-454722
E.mail: divgob@areco.mun.gba.gov.ar
Web: www.areco.mun.gba.gov.ar
En nombre del pueblo de San Antonio de Areco y en el mío propio, le hago
llegar nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo recibido en las
difíciles circunstancias que nos han tocado vivir, con motivo de la mayor
inundación que Areco recuerda.
La ayuda material ha sido de vital importancia para hacer frente a las
innumerables dificultades que se nos presentaron. Las palabras de aliento,
el acompañamiento fraterno y la solidaridad nos han dado la fortaleza para
luchar contra la adversidad sin de jar de soñar con un futuro mejor.
Una vez muchas gracias María E. Lennon. Intendente Municipal

viernes, 8 de enero de 2010

Desborde del río Areco

Jueves, 07 de Enero de 2010 21:32 |
El desborde del río Areco se pudo haber anticipado? La historia se puede repetir en otras cuencas.

La inexistencia de un sistema de alerta temprano, la falta de controles y de intervención concreta de la Autoridad del Agua (ADA), del Organismo Publico de Desarrollo Sostenible (OPDS) (ex Secretaria de Politica Ambiental) y de la Dirección de Saneamiento y Obra Hidráulica (DSOH) del gobierno bonaerense, sumada a la inactividad del Comité de Cuenca del río Areco, como las del río Arrecifes y otros comités de cuenca en la Provincia,

impidieron anticipar el desastre provocado por el desborde del río que atraviesa la ciudad de San Antonio de Areco, hoy soportando una inundación inédita. Otras ciudades del norte de la provincia la han sufrido en el pasado, como Pergamino (7 de Abril de 1995), y otras mas corren el mismo riesgo.

Si esas instancias hubiesen actuado del modo estipulado en el Código de Agua provincial, Ley 12257/99, hubieran podido adoptarse medidas preventivas para permitir un esquema de evacuación previo; morigerar los efectos del desborde y hasta, incluso, haber podido evitar lo ocurrido con una previsión y planificación adecuadas.

-No hay sistematización en las reuniones y tampoco una propuesta concreta de trabajo con las distintas cuencas. Julio Minutti, virtual responsable del municipio de San Antonio de Areco en el Comité de Cuenca, y el titular de la agencia local del INTA, Fernando Musegne, aseguraron que el organismo no ha mantenido reuniones regularmente. Lo mismo indicó el ayudante mayor del cuartel de bomberos del lugar, Gustavo Girola, quien ratificó que no existe ningún mecanismo previsto para controlar la altura del río (fuentes periodísticas).

-Al no estar constituido el comité de la cuenca, tampoco funciona el consejo consultivo: un cuerpo asesor que debe conformarse con especialistas capaces de generar un plan de manejo propio, brindar una alerta hidrológica temprana y dar cuenta de las razones de saturación de una cuenca.

-La inactividad de los comité de cuenca impide que se avance en la concreción de un plan integrado de monitoreo del caudal de aguas, que hubiera permitido, en este caso, instalar marcas de nivel en al menos dos puntos del recorrido del curso de agua.

-Existen construcciones cerca de la costa del río, que pueden haber actuado como freno; los puentes que se fueron haciendo y que están hace años (Ejemplo, Ruta Nacional 8 y 9), los canales ilegales para sacar el agua de los campos, otrora ganaderos, hoy sojeros. (Información extraoficial que circula en las principales oficinas de la gobernación da cuenta de que, en total, se detectaron 20 canalizaciones irregulares que desaguan al río Areco).

-La cuenca hídrica se compone además de los acuíferos subterráneos, que abastecen al 100% de las poblaciones de este sector de la provincia de Buenos Aires de agua potable, industrial y riego. La Autoridad del Agua es la responsable de autorizar y monitorear la extracción y la posible contaminación, junto al OPDS, de estas fuentes de agua. Desde hace unos años, ante épocas secas se vio la proliferación de perforaciones para el riego rural, sin control del estado provincial ni municipal, lo que puede llevar a impactar sobre el recurso, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

-Urge, por lo tanto que los Comités de Cuenca de los ríos Areco, Arrecifes y Arroyo del Medio, comiencen a actuar, para planificar todas las obras superficiales que afecten a los cursos y las extractivas de agua para consumo, industrial y/o riego. Los responsables provinciales (ADA, DSOH; OPDS etc.) y municipales mas los sectores representativos de las distintas actividades y profesionales deben trabajar en conjunto y diseñar políticas publicas tendientes al manejo integral de estas cuencas antes que estos hechos se repitan.

Lic. Enrique Hopman

San Pedro (BA)

Matricula B-G 155

Pub: http://www.proyectosurbsas.com.ar/index.php/component/content/article/35-opinion/345-desborde-del-rio-areco

miércoles, 6 de enero de 2010

OPOSICIÓN AL MODELO DE ENDEUDAMIENTO

OPOSICIÓN AL MODELO DE ENDEUDAMIENTO

Proyecto Sur iniciará denuncia penal contra los responsables del Fondo del Bicentenario

» Por Redacción InfoSUR

Se presentará ante la Justicia Federal por abuso de autoridad y administración fraudulenta. Es porque la decisión oficial no respeta el orden jurídico constitucional, que determina que un gobierno no puede negociar ni pagar una deuda sospechada de ser un fraude contra el Esta

El diputado nacional Fernando “Pino” Solanas, anunció esta mañana que, junto a los referentes de la fuerza que integran el Movimiento Proyecto Sur, presentarán una demanda penal ante la Justicia Federal por abuso de autoridad y administración fraudulenta contra la presidente Cristina Fernández, el ministro de Economía, Amado Boudou, y contra todos los responsables que consientan y apliquen el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09 oficializado el pasado 15 de diciembre, entre ellos, funcionarios del Banco Central, legisladores que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y el Procurador General de la Nación.

La decisión de Proyecto Sur se sustenta principalmente en que la decisión oficial no respeta el orden jurídico constitucional, que determina que un gobierno no puede negociar ni pagar una deuda sospechada de ser un fraude contra el Estado, tal como se evidencia en la causa sentenciada en el Juzgado Federal nº 2 por el ex juez Jorge Ballestero (13 de julio de 2000), en las dos causas donde se investiga el endeudamiento hasta el 2005, y en una tercera causa que investiga el Megacanje 2001, donde están procesados por defraudación al Estado, Domingo Cavallo, Daniel Marx y otros funcionarios, causa pronto a entrar en etapa de juicio oral.

En esta línea, desde Proyecto Sur llaman a todas las fuerzas políticas y sociales del país, funcionarios y ciudadanos, a iniciar acciones judiciales y legales contra los responsables del decreto que constituyó el Fondo.

Solanas advirtió que “es un afrenta a todos los argentinos pretender honrar al Bicentenario de la Revolución de Mayo pagando deudas fraudulentas y profundizando el perverso modelo de endeudamiento que es un legado de la Dictadura Militar de 1976, del menemismo y del delarruismo. Los argentinos debemos celebrar el segundo centenario, no volviendo a los inescrupulosos mercados financieros internacionales, sino recuperando la Argentina perdida: resolver de raíz el problema de la deuda, recuperar sus recursos naturales y usar las reservas para crear las grandes industrias públicas generadoras de empleo estable y genuino.”

“Queremos celebrar el bicentenario recuperando la Argentina perdida”

“Queremos celebrar el bicentenario recuperando la Argentina perdida”

» Por Redacción InfoSUR

"¿Solanas y Binner?", se preguntaron los diarios esta mañana. En este reportaje, el referente de Proyecto Sur explica que el objetivo es “construir una alternativa al bipartidismo” para “transformar en sentido emancipador a la Argentina”. Afirma que hay que avanzar con las Cinco Causas en la mano, “acompañando el conflicto social”. Criticó el “retraso de los análisis políticos que no ven que no existe más el blanco y el negro del PJ y la UCR”. Por razones de agenda, no confirmó su viaje al campamento de la juventud del Partido Socialista en Córdoba.

Esta mañana aparecieron versiones periodísticas del acercamiento al gobernador socialista Hermes Binner, ¿qué hay de verdad en eso?

Bueno, desde Proyecto Sur nos hemos fijado desde hace mucho tiempo trabajar para la construcción de un gran espacio unitario que reúna a las fuerzas políticas y sociales que comparten similares objetivos. Lo que se ha dado a llamar fuerzas de centroizquierda o progresismo, que son denominaciones confusas, junto a los que son los espacios sociales, culturales y territoriales, que intentan construir una alternativa dirigida especialmente a la juventud argentina que ha sido la víctima de los experimentos fundamentalistas de los años 90. Nuestro esfuerzo es construir ese instrumento del cambio, porque la Argentina puede transformarse rápidamente si cambia de política.

Si cambia la política del bipartidismo...

Sí, queremos conformar un nuevo espacio porque tenemos una mirada diferente a la del bipartidismo, un diagnóstico distinto y propuestas distintas. El bipartidismo no sale de las políticas del endeudamiento y neoliberales de los 90.

¿El viaje a Córdoba tiene relación con esta propuesta?

El viaje ha surgido de la juventud del Partido Socialista, que hace su campamento en Villa María en Córdoba, me parece una grata invitación donde nos encontraremos varios dirigentes. De nosotros han nacido otras iniciativas, como el trabajar conjuntamente en agenda. Acá no hay posibilidad de transformar la Argentina si no se construye un espacio alternativo y que allí estén las fuerzas importantes de los principales distritos del país. No se puede construir una fuerza alternativa sin contar con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, así incluso no alcanzaría porque la fuerza del cambio tiene que hacerse cargo de la problemática y el conflicto social. Es inconcebible que casi el 60% de los trabajadores argentinos estén en negro y que un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza. La fuerza política que no lo comprende, es lo viejo.

¿Una alternativa para festejar el año del bicentenario?

El año del bicentenario de la Revolución de Mayo, lo queremos celebrar recuperando la Argentina perdida: restituir los derechos sociales y humanos en su plenitud, recuperar los recursos naturales, reconstruir el empleo genuino y estable reconstruyendo las grandes industrias públicas, que además son la manera de ayudar a las economías regionales, todas las iniciativas que se resumen en nuestras Cinco Causas. Lo que primero debemos hacer para generar un espacio es preguntarnos por qué, para qué y para quiénes. Queremos un nuevo espacio para transformar con sentido emancipador la Argentina. Los 80 proyectos de ley que tenemos preparados las fuerzas afines a nuestro espacio, tienen una enorme coincidencia

¿En el Congreso se estará trabajando en estas Causas?

Eso es lo que empezamos a demostrar a fines del año pasado. Lo que acá está retrasado es la interpretación de los analistas políticos que no se dieron cuenta que había empezado a darse en los hechos el surgimiento de ese tercer espacio, que la vida política argentina no transcurre más entre el blanco y el negro del PJ y la UCR, que son los que acordaron la reforma política. No nos olvidemos que estuvieron en la Casa Rosada en el diálogo que acordó esta propuesta, donde Proyecto Sur no fue. Y acordaron incluso el veto a los dos artículos de la reforma para ponerle el palo en la rueda el crecimiento de Proyecto Sur. Nosotros vamos a hacer una enorme campaña denunciando el intento proscriptivo del bipartidismo, responsable de la degradación y crisis argentina, expresión de las dos caras que defienden el modelo neoliberal. Nosotros queremos dar vuelta esa página nefasta.

Proscripción y veto presidencial

Proscripción y veto presidencial.

No es bueno que una Reforma Política se redacte con resentimiento, bajo el síndrome de la derrota. El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional llamado ampulosamente “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”, expresó ese rencor después del 28 de junio de 2009 en una redacción de tan baja calidad, que no resistió el análisis crítico ni de los propios legisladores del FPV. Beneficiados por igual el PJ y la UCR, esta última no asumió una actitud democrática abriendo un amplio y plural debate. Dejó hacer al oficialismo para que este se hiciera cargo de todos los costos y así solo compartir las ganancias.

Naturalmente frente a la avalancha de críticas, nosotros desde Proyecto Sur la calificamos con certeza de “Golpe Institucional”, no tuvieron más remedio que revisarla. De esta manera la propuesta se beneficio con 50 correcciones. No alcanzaron, sin embargo, para ofrecerle a la ciudadanía una legislación superadora del régimen anterior. Muy por el contrario el ejercicio de esta Ley hará que, transcurrida la primera experiencia en 2011, la reforma quede sin efecto. No sería el primer experimento en ese sentido; las candidaturas testimoniales, las colectoras, las listas espejo y otros inventos por el estilo; dan fe que la falta de una discusión seria y una reflexión colectiva sobre la materia, terminan con las experiencias fallidas en el baúl de los deshechos políticos.

Claro está, que nadie se hará cargo de los perjuicios institucionales y los daños colaterales ocasionados. Parecen estar imbuidos por la máxima que dice: “La lucha por perpetuarse en el Poder todo lo justifica”. Y así sigue la manipulación de las reglas de juego buscando siempre el mismo objetivo.

En la Argentina de 1982 todavía algunos sectores discutían sobre el “voto calificado”. Hoy como la contracara de la misma moneda se pretende la idea del “partido calificado”, omitiendo el derecho constitucional a elegir y ser elegido; negando el art. 38 de la CN para la cual “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”. Esta Ley conlleva un ataque a un número importante de partidos, por eso es un “Golpe Institucional”. Ciudadanos que en el marco del respeto a la CN, ejerciendo su derecho “de asociarse con fines útiles” -art.14- y cumpliendo los requisitos de la Ley, llegaron a constituirse como partido político, son la expresión palpable de una sociedad que en su diversidad quiere participar y ser protagonista en la construcción de la Argentina. Es un dato positivo.
Los argumentos contrarios a los partidos, esgrimidos desde el PJ y determinados sectores del establishment, son profundamente autoritarios y antidemocráticos. Mienten sobre el número de partidos, diciendo que hay 685, cuando en realidad el PJ representa 1 partido nacional más 24 de distrito, es decir 25. Lo mismo la UCR y otros. Mienten cuando intentan poner en cabeza de los partidos chicos la responsabilidad sobre la crisis argentina, siendo que en 26 años de democracia el PJ gobernó más de 18 años y la UCR más de 7. Mienten cuando dicen que algunos partidos son kioscos y sus dirigentes se quedan con el financiamiento público, cuando los partidos están obligados a rendir detallada cuenta de los escasos recursos brindados ante la Justicia Federal. Además no cumplirían sus deberes de funcionario público, si sabiendo que eso ocurre no denunciaran ante la Justicia a quienes actúan de esa forma. Tratan de ocultar que la corrupción y el financiamiento espurio tienen su mayor expresión en la oligarquía política que gobierna el partido mayoritario. Ningún cheque de la llamada "mafia de los medicamentos" fue depositado en las cuentas de los partidos políticos a los que quieren hacer caer la personería.

Nuestro planteo es defender a todos los argentinos que se organizan políticamente. Si un partido es grande o pequeño resulta una cuestión relativa. Todas las mayorías han nacido como minorías. Como todos los seres humanos nacen pequeños y se desarrollan con el paso de los años. Y si alguien no desarrolla toda su potencialidad, a nadie se le ocurre que debe caducar por tratarse de alguien “inferior” o “pequeño”. La defensa de la vida es irrenunciable para quienes tenemos una visión humanista. Y el derecho a organizarse políticamente también es irrenunciable para quienes tenemos una visión democrática. Es más, creemos que la disolución de un partido, su fusión con otro, su confederación, la constitución de una alianza transitoria o el mantenimiento de su identidad, deben darse en el marco de la mayor libertad.

Solo el ejercicio democrático ininterrumpido puede dar salida superadora a esta situación.

El gobierno entiende otra cosa. Intenta obstaculizar el desenvolvimiento de fuerzas emergentes que ponen en cuestión el orden vigente. En ese intento por frenar el desarrollo de lo “nuevo” muestra su lado conservador. Y por conservar el poder no se aflige si pisotea el derecho de otros. La proscripción que entraña la Ley en cuestión no es expresión de la fortaleza del gobierno sino de su debilidad. Pero junto a ella muestra su capacidad de daño.
A los efectos de mostrar con claridad el carácter proscriptito de la norma, omitiré infinidad de cuestionamientos, circunscribiéndome tan solo a uno de los aspectos demostrativos de la intención “excluyente” de la Ley. Ley retrógrada en este sentido, dado que la naturaleza de la Democracia es incluir y respetar a todos.
¿Cómo se produce esta proscripción? Se incorporan a la Ley 23.298 motivos de caducidad de la personería que no estuvieron vigentes durante estos 26 años de democracia. Un ejemplo: “Artículo 7º ter: Para conservar la personería jurídico-política, los partidos políticos deben mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados”.

Si aceptamos como razonable esta novedad política, lo que no resulta razonable es imponer su aplicación en forma perentoria. Porque entonces lo razonable se vuelve proscriptito.

Veamos. La ley fue sancionada el 2 de diciembre, con la firma de Julio Cobos y Eduardo Fellner entre otros y enviada al Ejecutivo. La presidenta la promulgó parcialmente el viernes 11 de diciembre de 2009, con el veto a dos artículos que le daban racionalidad. Faltando veinte días para fin de año, con apenas 11 días hábiles tomando en cuenta sábados, domingos y las fiestas navideñas y de fin de año, el cumplimiento se vuelve imposible y de allí su carácter destructivo.

¿Por qué los legisladores redactaron “disposiciones transitorias? Porque sabían que disponían de una exigencia de cumplimiento imposible antes del 31 de diciembre de 2009. Por eso ambas Cámaras votaron el artículo 107 que dice: “Los partidos políticos de distrito o nacionales….., tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 a los efectos de cumplir con lo dispuesto en el art. 7º ter…….”

Como ya dijimos la presidenta veta el artículo 107 y el 108. Este último prorrogaba la entrada en vigencia de los artículos 2º y 3º también al 31 de diciembre de 2011.

¿Cuál es su argumento? En los considerandos del decreto dice: “Que los artículos 107 y 108 contradicen el objetivo central de la ley al diferir hasta el año 2012 la aplicación de normas……fundamentales para ordenar el universo de actores políticos, postergando la vigencia de las modificaciones ………., que resultan esenciales para la implementación de la reforma política sancionada…….” A confesión de partes relevo de pruebas. a.- Si por diferir hasta el 2012 “contradicen el objetivo central”, es porque el objetivo central es el 2011, b.- Si se tratara de “ordenar el universo de actores políticos” el tiempo mínimo podría haber sido el 31 de diciembre de 2010. Si lo que se busca es la caída de la personería jurídico-política de un gran número de partidos la fecha es el 31/12/09, c.- Si “resultan esenciales para la implementación de la reforma política sancionada…….”, es porque lo esencial no es la reforma política. Que se supone duradera y trascendente. Lo esencial entonces es crearle posibilidades a Néstor Kirchner, para lograr el escenario soñado por el matrimonio presidencial. Néstor como representante del “centro-izquierda” y Julio Cobos del “centro-derecha”. Por esto el apuro del oficialismo para sancionar la Ley antes del 10 de diciembre de 2009.

Sintetizando, el veto presidencial resulta la prueba inocultable del carácter proscriptito de la Ley. La jugada política les saldrá mal. Pero ese no es el problema. El inconveniente es que cuando se cierran los canales democráticos de participación al mismo tiempo se están legitimando canales no democráticos. Los argentinos ya sufrimos las experiencias de las proscripciones. De diversas maneras radicales, anarquistas, socialistas, comunistas, peronistas, fuerzas democráticas y populares, sufrieron las consecuencias de estos arranques autoritarios provenientes en general de la oligarquía nativa en unidad con militares y franjas de la sociedad más el visto bueno del imperialismo. La paradoja actual es que esta proscripción este promovida por un gobierno de origen justicialista y democrático. Sin esperanzas digo que le cabe al oficialismo actual revisar su actitud. Más en todo caso a “la mayoría democrática de la Argentina” reclamar por la modificación de esta norma que empaña los logros institucionales de nuestra democracia.

Mario Mazzitelli

Secretario General del P.S.A. en Proyecto Sur.

lunes, 4 de enero de 2010

“MEGAMINERIA: MENEMISMO Y KIRCHNERISMO”
por fernando “pino” solanas

Los hombres públicos y los referentes políticos estamos obligados a la búsqueda de diálogo y consenso que no pueden ser reemplazados con descalificaciones o falsedades. La única verdad es la realidad reiteraba Juan Perón. Cuando se quieren ocultar graves hechos contra los intereses del país o los trabajadores, se adulteran datos o informes de impacto ambiental, se rompe la comunicación y las fronteras entre lo lícito y lo delictivo comienzan a borrarse. Las denuncias sobre la megaminería y la Barrick Gold expuestas en mi película ORO IMPURO, desató la ira del gobernador de San Juan, José Luis Rioja, que quizo entorpecer sus estrenos y me retó a un debate televisivo al que faltó dos veces. Envió a su hermano -el senador César Gioja- que negó con desenfado mis denuncias sobre la devastación ambiental y el saqueo que produce la megaminería y que ya fuern hechas por decenas de ciudadanos afectados y el Fiscal Federal de Tucumán y Catamarca, Dr Gustavo Gómez. La campaña lanzada contra mi quería demostrar que estoy en contra de la minería y que siendo diputado había votado las leyes mineras que ellos impulsaron, aunque fui un consecuente opositor por defender los bienes comunes y naturales de los argentinos. Las normas principales se votaron antes de que ingresara a la Cámara el 10/12/93, como la Ley de Inversiones Mineras (24.196/93) que fijó el marco de las otras. La única que recibió mi apoyo fue la ley de Protección Ambiental Minera (24.585/95) en la Comisión de Recursos Naturales, pero como anteproyecto y desconociendo lo que ocultaba. Nadie imaginaba entonces los estragos que produciría la megaminería porque no había comenzado a operar en el país. Me opuse luego y no la voté en el recinto cuando fue convertida en ley.








Vale la pena recordar que al comienzo de los 90, los hermanos Gioja eran militantes del proyecto Menem y operaban para facilitar el desembarco de la Barrick Gold en la Argentina. En esos tiempos yo denunciaba públicamente al presidente como jefe de una banda de delincuentes que estaba rematando el patrimonio e Y.P.F. y me perseguieron con juicios y amenazas y fui agredido con seis tiros en las piernas. Se vivía la derrota, el festín de las privatizaciones: “el país está de rodillas” – justificaba el ministro Dromi-, “robo para la Corona”, advertía J. L. Manzano- mientras se decía en el Congreso que por los despachos se distribuían millones de dólares. El proyecto minero era financiado por el Banco Mundial como en otros 70 países con reservas metalíferas. Al entonces diputado José Luis Gioja -que votaba todas las leyes privatizadoras del modelo- se lo instaló en la Presidencia de la Comisión de Minería –en Diputados- para impulsar el paquete de leyes que proponían las corporaciones. César Gioja fue la cabeza visible de “Santa Gema Bentonita”, la empresa familiar que crearon para abastecer a la Barrick.

Lo importante hoy no es hablar del pasado sino de la continuidad del modelo devastador iniciado por Menem junto a Angel Mazas –ex Secretario de Minería- y José Luis Gioja, y que fue apoyado desde Santa Cruz y hasta hoy por Néstor y Cristina Kirchner y Julio De Vido. En la Reforma Constitucional del 94, los Kirchner canjearon la reelección de Menem por la provincialización del subsuelo. Nada más antinacional porque significaba la segmentación del país y la entrega de los recursos a las corporaciones; una medida semejante a la exigida a Evo Morales por los gobernadores secesionistas. El proyecto presidencial de los Kirchner fue ganando el beneplácito de las petroleras y mineras y la amistad de J.L.Gioja y Peter Munk, jefe de la Barrick. Quizás sea por eso, que desde el 2003 a hoy: el Secretario de Minería es el sanjuanino Jorge Mayoral, socio de Barrick.

El paquete de leyes mineras otorga a las corporaciones ventajas exclusivas que no gozan otras ramas del empresariado: están exentas de casi todos los impuestos y la ley 25.161/99 impulsada por J.L.Gioja redujo las magras regalías del 3% que recibían las provincias al 1,5%, al permitir a las mineras deducir los costos operativos: molienda, refinación, transporte y seguro hasta puerto de destino. Sin control público y a simple declaración jurada, las corporaciones exportan sumas millonarias pagando solo por oro, plata y cobre y llevándose gratis 60 metales, como molivdeno, uranio, cadmio, renio. La Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 tn. de cobre que a valores de hoy, son más de u$s 2.000 millones; el complejo Veladero-Pascua Lama, de Barrick en San Juan, rendirá el doble. Recordemos que la minería es el único sector productivo que exporta sin obligación de ingresar al país ni un dólar de sus ventas (decreto Nº 417/ 03, de N.Kirchner, A. Fernández y R. Lavagna) y sus exportaciones reciben reintegros que van del 2,5%, al 12% (resolución SMN. Nº130/ 93). El método es más eficaz que el colonialismo de Potosí: les pagamos para que se lleven todo.

Lo que no pueden contestar los Kirchner y los Gioja es ¿por qué con tanta riqueza las provincias mineras y petroleras siguen en la pobreza?¿Por qué tienen déficits fiscales que las obligan a endeudarse?. La respuesta es el fracaso de su devastador modelo productivo: se van para siempre millonarios recursos estratégicos no renovables, dejándonos miseria y un daño ambiental que costará inmensas inversiones combatirlo. ¿Deberíamos seguir con la megaminería si las rentas volvieran al país?. De ninguna manera: no se trata de una cuestión económica sino de algo más grave: la defensa de la naturaleza y la vida. Los ambientalistas lo resumen en una simple frase: el agua vale mas que el oro. No hay valor mayor que defender las fuentes de vida: el agua y el aire.

A diez años del gobierno Menem, muchas de sus leyes y tratados siguen vigentes, como el Acuerdo Minero Argentino Chileno (29/12/97) que cede a las corporaciones un tercer territorio a lo largo de la cordillera de los Andes con soberanía, aduana y aeropuertos propios. Allí están las mayores reservas de agua potable del continente, los glaciares, amenazados por la megaminería. El veto de la Presidenta a la Ley de Protección de los Glaciares, impulsado por la Barrick y los hermanos Rioja, y la puesta en marcha del complejo Pascua-Lama, es un ejemplo de la irresponsable sumisión del gobierno al dictamen de las transnacionales. La histórica movilización de las poblaciones y asambleas de siete provincias logró que sus legislaturas prohibieran la minería a cielo abierto con cianuro y sustancias tóxicas y comenzó a fundar en el país una conciencia ambientalista. El dominio impune de Barrick, Alumbrera, y las complicidades de los Gioja, Beder Herrera y Brizuela del Morral, inició su cuenta regresiva. Tengamos grandeza y aunemos esfuerzos para superar el modelo de contaminación, despojo y engaño que nos dejaron los Menem y los Kirchner. El país necesita un debate franco y responsable que priorice el interés de la Nación y el bienestar del pueblo al de las transnacionales y los bancos. Unámonos los legisladores y honremos al Bicentenario con actos sinceros de reparación histórica: prohibamos la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas; modifiquemos las leyes mineras y exijamos la denuncia del Tratado Minero Argentino-Chileno; avancemos hacia la recuperación de los recursos y bienes comunes de los argentinos. Como diría San Martín: “la patria manda”.